Las demandas interpuestas por Winston Spadafora dejan al descubierto la fragilidad jurídica en que se encuentran quienes denuncian a funcionarios con poder. Las publicaciones que desataron la ira del magistrado no involucran temas tratados a la ligera, ni la denuncia de hechos falsos, ni mucho menos asuntos de la vida privada que deben permanecer al margen de los medios.
Se trata de hechos concretos, que merecían ser reportados a la comunidad -ya que guardaban relación con el destino de fondos públicos- y que fueron reproducidos en un medio impreso serio y responsable, como lo es el Panamá América.
A pesar de ello, hoy vemos cómo el señorío de un funcionario, primero como ministro de Estado y luego como magistrado de la Corte Suprema, ha llegado hasta el secuestro del salario de un periodista y la intimidación que surge de la inminencia de igual actuar contra dicho diario, éste demandado por dos millones de dólares.
La sociedad debe estar alerta ante la conducta inaceptable de servidores públicos engreídos de poder, intolerantes al escrutinio ciudadano y a la crítica de sus actuaciones oficiales.
