La democracia panameña no se puede dar el lujo de que los crímenes que ocurrieron durante la dictadura queden impunes.
Son 110 muertos y desaparecidos que pagaron con su vida por disentir, por protestar, por oponerse a la larga noche del autoritarismo. Supieron ser valientes cuando la patria reclamó héroes. La reapertura de los primeros 20 casos, anunciados por el Ministerio Público, es un acto de justicia nacional.
Es también un esfuerzo atinado por recobrar algo de la credibilidad perdida, tras la deplorable década que regentó el procurador Sosa. Solo al concluir esta tarea se podrá voltear esa funesta página de la historia panameña, tan llena de obstáculos y de tenebrosos intereses.
Es una vergüenza que mientras nos deleitamos con los frutos de la libertad y las garantías de la democracia, la sociedad haya olvidado estas víctimas y seamos ajenos al clamor de sus familiares.
Los laberintos legales y el poder encubridor del PRD no solo logró impedir que se hiciese justicia, sino que imposibilitó a muchos siquiera conocer el lugar donde quedaron tirados los restos de sus mártires.
