Algo pasa en la Contraloría General de la República y nos preocupa. Cualquier psiquiatra calificaría de esquizofrénicas las conclusiones del informe que exime de "desaparición laboral" a Lauren Santamaría, esposa del honorable diputado Leandro Ávila.
Luego que una investigación llevada a cabo por este diario encontrara que la funcionaria cobraba en la Contraloría pero no asistía a trabajar ¡sorpresa, estaba "asignada" a la Asamblea Nacional! El secretario general de la Contraloría, Jorge Quijada, y el subdirector de Auditoría General, José Carrera -ambos ex compañeros de Ávila- cubren la espalda a Santamaría hablando de una asignación "verbal" como enlace en la Asamblea.
Al final, el Contralor incluye sus comentarios, que van en contravía a las conclusiones de la comisión que investigó el caso, y en los que habla de actitudes que "no deben volver a repetirse" y de "severas sanciones" para los funcionarios que se vean envueltos en casos similares al de Santamaría. ¿Alguien lo entiende? O el Contralor tiene el enemigo en casa, o la comisión está salvando a la renunciada funcionaria, o Ávila movió sus fichas o, lo que es más grave, todas estas opciones juntas.