No hay azúcar que endulce el café cuando se comprueba, como hacemos hoy, que el descaro no tiene límites y que el Estado es un bien privado que se reparten los avivatos.
La Sala Tercera, con un pretexto baladí, ha emitido una decisión que impide al propio Estado cobrar las rentas producto de las concesiones públicas otorgadas. La evidente y conocida amistad del magistrado ponente –que moralmente debió impedirse de conocer el caso– pudo más que los reclamos en favor de las arcas nacionales.
La decisión, además de inmoral, deja un precedente funesto ya que –al igual que ahora beneficia a Figali– abre las puertas a los demás concesionarios de Amador para que esgriman iguales privilegios.
Mientras el empresario favorecido con cientos de hectáreas de la Nación, poderosas amistades y concursos de belleza durante la pasada administración vuelve a salirse con la suya, los panameños nos preguntamos qué hacer con estos magistrados. ¿Será que Panamá puede aguantar tanto descaro? ¿Hasta cuándo podemos seguir viendo cómo nos explotan en público y luego se ríen de nosotros en privado?
