Ya no hay excusas. El Presidente de la República ha solicitado la suspensión de la Ley 17 por 90 días. Quien no acuda a la mesa del diálogo, sin condiciones, será juzgado por los panameños. No es el momento de ver hacia atrás, ni de cuestionar si este proceso se pudo haber evitado. Es el momento de construir el futuro, con madurez. La suspensión de la ley propicia la vuelta a la normalidad y la unidad nacional.
El Ejecutivo ha dado un paso importante para lograr la solución de un problema que, indiscutiblemente, afecta a todo el país. Sin embargo, no hay fórmulas mágicas para salvar al Seguro. Que nadie piense que este problema puede ser resuelto sin sacrificios. Posponer la solución tampoco es una alternativa. Ahora toca exigirle a los grupos y gremios que a la fecha se han opuesto al diálogo que participen en el mismo con seriedad por el bien del país.
