Diálogo sin participación y verdadero ánimo de concertación es una conversación entre sordos, donde las partes gritan, pero ninguna escucha.
Ahora la propia Iglesia católica se ha sumado a la demanda de diversos grupos que solicitan al Gobierno que suspenda los efectos de la Ley 17, como medida conciliatoria para propiciar el diálogo nacional. La postura de los obispos ha puesto en aprietos a las autoridades que, a pesar de sostener que en la práctica las variaciones paramétricas contempladas en la citada ley entran a regir hasta el próximo año, les deja poco campo de acción.
Con ello los obispos, también asumen la responsabilidad de exigir seriedad y flexibilidad a los demás actores. Al final, los panameños debemos buscar la señal oportuna de legítimo interés para enmendar los supuestos errores de forma y fondo, sin desconocer que todas las opciones posibles para salvar la seguridad social pasan por un sacrificio duro de todos los trabajadores que no pueden dejar colapsar el sistema. El país no aguanta más dilación.
