Hoy por Hoy 2005/04/27

Una vez más somos testigos de otra desfachatez de la Corte Suprema. En esta ocasión mediante un fallo que libera bienes cautelados, que ahora son entregados en bandeja de oro a sus dueños –reconocidas figuras allegadas al poder– a través de una sorpresiva decisión emitida por el magistrado encargado de la presidencia de la Corte, José A. Troyano. La lesión patrimonial denunciada alcanzaba sumas millonarias –se habla de más de 28 millones de dólares– y de un plumazo, la Corte ha echado por tierra todo el esfuerzo de la DRP por recobrar algo del daño causado a la hacienda pública. Es inaceptable que mientras otros casos de corrupción y denuncias aguardan pacientemente la benevolencia de la Corte para pronunciarse al respecto, sea la propia institución la que con una urgencia injustificada nos prive de la posibilidad de rescatar lo que fue indebidamente tomado.