Hoy por Hoy 2005/04/21

Aunque parezca divertido, jugar en un casino no es cosa de juego. Así lo ha reconocido el Gobierno con una oportuna y puntual decisión de detener lo que parecía un desmedido crecimiento de las salas de juego -medida que confiamos abarque también los casinos-, en un pequeño país con alarmantes niveles de pobreza, como el nuestro. El llamado impuesto de los pobres llegó para echar raíces no solo en la capital, sino que ha invadido las frágiles economías de nuestras provincias, donde los empleos –especialmente los formales– son tan escasos que parecen un lujo. La privatización de los juegos de azar fue acertada en su momento, pues, conceptualmente, no debe el Estado ser el gestor de esta actividad. Si bien es cierto que los juegos de suerte producen empleos, generan ganancias al Tesoro Nacional y se trata de una industria legítima, no puede el Estado permanecer imperturbable ante las consecuencias del descontrolado aumento de casinos y casas de juego, menos aún ser su promotor. Es necesaria una política de Estado clara al respecto, ya que las empresas que viven del sector deben tener las reglas precisas para que no queden al azar.