Es incuestionable que la planilla estatal representa una pesada carga para las finanzas públicas. Su mantenimiento es sencillamente insostenible, herencia del más descarado clientelismo político. Casi el 50% de los ingresos corrientes del Estado se utiliza para sufragar el costo de los salarios de los servidores públicos. La reforma fiscal aprobada –y en vigencia desde febrero– contempla una reducción de la planilla a los niveles de 1999. Numéricamente eso representa una disminución de más de 18 mil funcionarios, es decir, el 11% de la planilla corriente. ¿Será posible cristalizar esas reducciones y que se haga técnicamente, sin pase de facturas políticas? ¿A qué criterio responderá la eliminación de esos miles de puestos públicos? No cabe duda de que sobran personas en la abultada planilla del Estado, y que será un reto importante la disminución de su tamaño y la consecuente desburocratización de las estructuras gubernamentales.
Hoy por Hoy 2005/03/29
29 mar 2005 - 05:00 AM
