Hoy por Hoy 2005/03/03

El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia dijo públicamente que cualquier ciudadano puede pedir la reapertura del caso CEMIS. No importa que haya sido él mismo partícipe de la decisión que, meses atrás, ordenó cerrarlo. Trece gremios en representación de la sociedad, la Iglesia, empresarios, profesionales, abogados, contadores y los clubes cívicos le han tomado la palabra, y han presentado formalmente la solicitud escrita y sustentada para que no quede en la impunidad. En la Corte quedará finalmente la responsabilidad de demostrar si vivimos en un estado de derecho o meramente nos arropamos con las vestiduras legales, según convenga a los intereses de turno. Es el momento de que las autoridades demuestren públicamente y con acciones concretas si en Panamá se respetan o no las instituciones básicas de convivencia civil que no permiten que un delito –tipificado como tal en el Código Penal– confesado abiertamente y del cual hay evidencia pública de comisión, quede en la más censurable y difundida impunidad. Toca al magistrado Troyano demostrar que su actitud fue más que una mera expresión de cinismo.