Hoy por Hoy 2005/01/27

Aunque el país tiene problemas más urgentes que la fijación del precio del quintal de maíz, esta situación muestra de cuerpo entero cuál es el problema esencial de nuestra sociedad. Desde hace varios años hay en Panamá una ley que promueve la libre competencia y prohíbe los acuerdos de precios, estableciendo penas y sanciones para aquellos que la incumplen. Por eso es lamentable que las autoridades, junto con los agentes económicos, conspiren contra el bienestar del consumidor en un acto que a todas luces es un exabrupto legal. No en vano un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts establece que la democracia y el estado de derecho se refuerzan mutuamente y animan el desarrollo económico de las naciones. Panamá en este renglón está rezagado. Ya las personas no solo desobedecen las normas, sino que ahora lo hacen con la complicidad de las autoridades competentes. Y frente a esta realidad solo quedan dos opciones: respetar la ley o cerrar las instituciones que no cumplen con sus funciones básicas, lo que representaría una medida ejemplar para el inventario moral y económico del Estado.