Hoy por Hoy 2005/01/22

Las reformas fiscales pueden agravar la ya delicada situación por la que atraviesa la justicia tributaria en este país. Alejándonos cada vez más del principio de independencia que debe existir al administrar justicia, funcionarios administrativos están facultados para recaudar, investigar, auditar, cautelar, juzgar y sancionar a los contribuyentes, a la vez que la misma entidad escucha y decide las apelaciones. No se puede ser juez y parte, menos aún cuando la concentración de funciones recae en personeros sometidos al poder político en un país que, para rematar, ni siquiera cuenta con una carrera administrativa. La situación no es nueva, pero genera honda preocupación ahora que el proyecto fiscal propuesto por el Gobierno incrementa el poder a esta instancia de la administración con penas que van de dos a cinco años de prisión. Es aberrante e insostenible el sistema actual.