Hoy por Hoy 2004/10/11

Una de las mayores prioridades de este gobierno es castigar el delito de lavado de dinero. Si bien es cierto que al asumir la presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la superintendente de Bancos de Panamá se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, también lo es que este país no ha dado frutos en investigar a fondo las transacciones dudosas, originadas en el tráfico de drogas y otras prácticas delictivas. De las denuncias que señalan a muchas personas por “enriquecimiento injustificado”, ninguna de ellas ha sido resuelta por la justicia. Es apenas la punta del ovillo en una madeja por cierto mucho más compleja y de alcance internacional. Se reconoce que los flujos de dinero que se canalizan por estos circuitos de la economía negra alcanzan cifras astronómicas, calculadas en un rango que va de los 100 mil a los 400 mil millones de dólares, según cifras del Banco Mundial, y de 590 mil a 900 mil millones de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se espera, por tanto, que una institución o una organización multilateral pueda por sí sola revertir esta situación. Pero es claro, al mismo tiempo, que una mayor fortaleza institucional con poderes independientes y leyes eficaces puede desalentar estas corrientes de dinero proveniente del narcotráfico. La gravedad económica y social de este flagelo y de los delitos asociados obliga a extremar los esfuerzos legales y de seguridad para combatirlos. En este punto, Panamá tiene otro déficit evidente.