Hoy por Hoy 2004/09/14

No se trata de una conspiración contra nadie. Se trata de buscar la verdad. Y por ello resulta muy extraño que dineros provenientes de una donación del Gobierno de Taiwan para uso de interés público y provecho de todos los panameños, depositados inicialmente en el Banco Nacional, sean luego transferidos a la cuenta privada de una fundación que, de acuerdo con una lamentable decisión de la Corte Suprema de Justicia, es también de carácter privado. Según la ley bancaria, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bancos deben fiscalizar y supervisar las actividades de los bancos oficiales y el manejo de los fondos públicos. Utilizar el subterfugio de que se trata de una organización no gubernamental solo busca evitar la fiscalización de ambas instituciones, y es un claro ejemplo del desprecio manifestado por los funcionarios hacia la transparencia. Tal como lo establece el Código Penal, “el servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie o sustraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiado por razón de su cargo, será sancionado con prisión de 5 a 15 años si la cuantía de lo apropiado supera la suma de quinientos mil balboas”. La consecuencia de esto es clara: los fondos donados son de carácter público y las autoridades deben aclarar el destino que se le dio a estos. No hacerlo sería contravenir los preceptos legales y atentar contra el derecho ciudadano de saber qué se hace con su patrimonio.