Hoy por Hoy 2004/08/09

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se resisten a comprender el verdadero espíritu de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, mejor conocida como Ley de Transparencia. Y es que cada vez coinciden más en sus anacrónicos criterios, con las soterradas intenciones del Organo Ejecutivo de levantar obstáculos contra el libre flujo de información pública. En su último fallo, la Corte –con el salvamento de voto del magistrado Adán Arjona– rechazó un hábeas data encaminado a conocer los detalles del manejo de los fondos asignados a la Fundación Mar del Sur, con el manido estribillo de que son de carácter privado. Con esta conducta se evidencia, una vez más, que en Panamá no existe la menor intención por parte de las autoridades –ejecutivas ni judiciales– en reconocerle el derecho ciudadano a saber en qué se gastan los fondos públicos. Precisamente esa Fundación está presidida por el actual ministro de Salud y la mayoría de los miembros de su junta de síndicos son funcionarios, amén de que su director es el esposo de una servidora pública en el Palacio de las Garzas que adquirió notoriedad por guardar dinero congelado en la nevera de su residencia. Como si fuera poco, los fondos administrados por estas personas ingresaron directamente a la República de Panamá provenientes del Gobierno de Taiwan, con la finalidad de que se construyera un hospital estatal. ¿Qué pretenden esconder? ¡Qué lástima que quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, sean nuevamente cómplices en ocultar información!