Hoy por Hoy 2004/07/16

Aumentar radicalmente las penas para los menores que cometan delitos graves no es más que reconocer el fracaso de la prevención. Si la sociedad panameña supiera hacia dónde quiere ir y comprendiera que nuestros jóvenes son la única esperanza que tiene la nación, entonces hace buen tiempo hubiésemos puesto en práctica una política nacional de prevención del delito. El crimen de los jóvenes no es más que la falta de una política educativa moderna e inclusiva; no es más que la falta de interés por la promoción del deporte; no es más que la falta de oportunidades laborales; entre otras cosas. Está comprobado que el endurecimiento de las penas no reduce la delincuencia. Y condenar a los menores a 20 años de prisión no solo es una medida retrógrada, sino que además viola la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Panamá. Todo esto es resultado de la incapacidad y falta de voluntad de nuestros gobiernos para implementar un plan integral de prevención, sanción y resocialización de los jóvenes infractores. ¿A quién queremos engañar? Se aumentarán las penas y la delincuencia no disminuirá. Vendrán las cadenas perpetuas para mayores, y 20 años para los menores. Luego, cuando los políticos se den cuenta de que esa no es la solución, no faltarán las voces que pidan la pena de muerte. En vez de avanzar, estamos retrocediendo con medidas como estas. Veinte años de prisión para los menores no solo contradice la teoría y el sentido común, sino que con esto Panamá viola sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Una vez más.