Hoy por Hoy 2004/06/29

Pareciera que vivimos en un país de quejosos. Los atuneros se quejan. Se quejan los camaroneros, los pescadores de línea, los bolicheros de sardinas, los pescadores artesanales y hasta los deportivos. Todos defienden sus intereses particulares y se acusan entre sí de practicar la pesca ilegal. Pero la realidad es que el sector está desatendido y no es supervisado efectivamente por ninguna autoridad. Lo cierto es que el país carece de una política estatal sobre el uso adecuado de sus recursos marinos. Se necesitan controles, como períodos de veda, delimitación de áreas prohibidas para la pesca, equipar al Servicio Marítimo Nacional y nombrar a personas responsables frente a este organismo, establecer un mecanismo de control del número de licencias de pesca, y mantener un censo de las naves industriales, turísticas y artesanales que hacen uso de las aguas y recursos marinos, porque de continuar la tendencia depredadora e indiscriminada, al final no quedará nada que pescar. Equivocadamente, la Dirección General de Recursos Marinos fue trasladada del MICI a la AMP, sin considerar sus funciones y responsabilidades. Craso error. La pesca es una actividad que debe ser supervisada, regulada y reglamentada por instituciones y funcionarios que entiendan la importancia que significa la protección de la vida marina. De lo contrario, el nombre de Panamá, que significa abundancia de peces, en el futuro significará nada.