Hoy por Hoy 2004/05/22

Es un avance positivo que los magistrados que conforman la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia hayan fallado en derecho y declarado ilegal el decreto que reglamenta la ley de libre acceso a la información pública, mejor conocida como Ley de Transparencia. En el pasado nos referimos al exabrupto, con reservas no solamente por lo ilegal sino porque refleja lo inmoral de quienes lo propusieron, y nos alegra que los cortesanos hayan rectificado el rumbo en esa materia. En fin, es un triunfo ciudadano y con ello gana el Estado de derecho, la estabilidad jurídica y todo el país. Lo cuestionable, no obstante, son los motivos que incidieron en esta decisión, ya que debió resolverse antes para hacer viable la fiscalización del gobierno de la presidenta, Mireya Moscoso, de cuyo capricho salió el nombramiento del magistrado Winston Spadafora, ponente en este caso. Indudablemente hay un trasfondo político que le quita seriedad al fallo, particularmente al final de una controvertida administración a la cual se le piden cuentas sobre el uso de los dineros públicos y la ejecución de los contratos que han sido cuestionados ante la opinión pública, y en algunos casos ante los tribunales de justicia. No debemos olvidar que quedan pendientes varios casos en los que la comunidad espera que los magistrados emitan un fallo en derecho.