Hoy por Hoy 2004/05/17

Luego del torbellino electoral, regresan las aguas a su nivel y volvemos a encontrarnos con nuestras tristes realidades; una de ellas –tal vez la principal– es nuestra Corte Suprema de Justicia. Quedan pocos meses para que finalice el período de la actual administración y el expediente de la demanda contra la reglamentación de la ley de transparencia sigue durmiendo el sueño eterno en el despacho de un magistrado. Todo indica que será en las postrimerías de la actual gestión, cuando la Corte decida que la reglamentación es ilegal, cuando ya el gobierno ha ocultado cuanta información ha querido. ¿Conoceremos el uso que le dio la Presidenta de la República a las partidas discrecionales? ¿Divulgará la Contraloría información sobre los funcionarios que han cumplido con presentar su declaración patrimonial? ¿Tendremos acceso a los estados financieros de las empresas privatizadas, de las cuales somos accionistas todos los panameños? Estos son solo algunos ejemplos de cómo nos niegan nuestros derechos. Ya es hora de que la máxima corporación de justicia entienda que no está frente a una decisión intrascendente. El libre acceso a la información pública es una prerrogativa de todo ser humano, y cada día que pase sin que resuelvan esta situación es un día más que incumplen con su obligación constitucional de tutelar los derechos de los panameños.