Hoy por Hoy 2004/04/13

Si cada uno de los funcionarios cumpliera con sus obligaciones en cuanto a la aplicación de las leyes, no habría tanto enredo que lamentar en el país. Por un lado, existe una Ley de Transparencia en la gestión pública para que los funcionarios se hagan responsables y rindan cuenta de sus actos a la ciudadanía a cuyo servicio deben sus cargos. Igualmente, la Contraloría General de la República tiene como una de sus funciones principales la de fiscalizar y examinar las cuentas de las entidades o personas que manejen fondos públicos. Desde esa óptica, aplaudimos al Contralor por iniciar una investigación por la destrucción de documentos que sustentaban el uso de las partidas discrecionales durante el mandato del presidente Pérez Balladares y en la que supuestamente hay faltas administrativas graves. Pero no podemos omitir nuestra decepción por la falta de objetividad y selectividad en los casos que impulsa su despacho al no fiscalizar ni investigar las partidas secretas de la actual mandataria, que por los vientos que soplan, están llenas de vicios e irregularidades que se han empeñado en mantener ocultos. Mientras esto ocurra, los funcionarios harán lo que bien les plazca y el país seguirá a la deriva.