Hoy por Hoy 2004/04/08

El alza en los precios del combustible, las denuncias de siete agentes económicos contra el líder en el sector telecomunicaciones y el hecho de que en las tarifas de luz se calcule un porcentaje por las pérdidas relativas al hurto de energía eléctrica, traen nuevamente al tapete la discusión sobre los beneficios de la liberalización y la apertura de los mercados. Y es que, a pesar de la competencia y los esfuerzos que realizan muchos empresarios para mejorar la calidad de bienes y servicios, la poca responsabilidad frente al consumidor y la correlativa indefensión de este son significativas. Hacerle frente a esta situación, con medidas efectivas, es un reclamo persistente de toda la ciudadanía. Encontrarse con artefactos que no funcionan, servicios mal hechos, productos que no son lo que prometían, facturas con sobreprecios o aumentos injustificados de servicios monopolísticos es una frustrante experiencia cotidiana para los consumidores, frente a la cual no hay una solución rápida y que satisfaga. Para encarar estos temas se pensó que los entes reguladores tenían el propósito de contribuir a agilizar los reclamos, pero se han convertido en una traba burocrática más. Porque lo que en verdad cuenta es que estas instituciones trabajen para proteger a los consumidores y usuarios. Igualmente, los tribunales de justicia especializados en la materia fueron creados para resolver temas de consumo y para someter a quienes atentaban contra los derechos de los consumidores a sanciones ejemplares. Pero no ha sido así, y es notorio observar que estas instancias no cumplen a cabalidad sus funciones y solo apuntan a hacer efectivo su papel como buenas expresiones de deseo.