Hoy por Hoy 2004/02/19

Por la seriedad de los hechos que se imputan, las autoridades están obligadas a esclarecer con premura los entretelones en relación con la exoneración de vehículos de la que gozan los legisladores y su consiguiente traspaso a terceros en un vil acto de evasión fiscal, sancionado por ley. Una carencia de coordinación institucional, posibles complicidades y encubrimientos ha dilatado, como se sabe, el inicio de las investigaciones. Quien acaba de corroborar este vergonzoso diagnóstico es la directora de Aduanas, a quien la Contraloría y el MEF, entre otros, señalaron como la funcionaria encargada de investigar estos hechos. La comunidad ha podido constatar que, luego de que este diario publicara una larga lista de nombres de legisladores y suplentes, con las marcas de sus lujosos vehículos y sus aprovechados compradores, los unos y los otros se han justificado descaradamente y procedido a allanar el terreno para seguir lucrando de este privilegio. Esta desfachatez pone en evidencia el alto nivel de inmoralidad que existe en las esferas políticas del país. No se trata de diferencias de criterios o de matices. Son, ni más ni menos, conductas que contravienen la línea de pensamiento de una sociedad que busca la transparencia en la administración pública, especialmente cuando es evidente el grado de conexión real entre el delito y el delincuente. Con las pruebas existentes, el paso obvio debió ser el desenredar la madeja en la que se ampara esta clase de corruptos. Lo cierto es que con toda esta inmoralidad, los supuestos honorables legisladores y los gobernantes de turno ya perdieron la honra y el respeto de la comunidad.