Hoy por Hoy 2004/01/28

No hay que olvidar que las funciones de la Contraloría General de la República se encuentran consagradas en la Constitución Nacional y deben cumplirse con la mayor responsabilidad y seriedad por parte de los funcionarios que allí laboran. Así como la Contraloría denunció lesiones patrimoniales de millones de dólares de la empresa PECC en contra del Estado y enfocó su examen en personalidades como la del ex presidente Pérez Balladares, de la misma manera debe iniciar de inmediato una investigación sobre la exoneración indiscriminada de lujosos vehículos por parte de los legisladores. Es obvio suponer que así, con la misma vehemencia con que persigue a un séquito de ex funcionarios por supuesto enriquecimiento injustificado, actúe contra los legisladores que han pervertido y degenerado el espíritu de la ley al usufructuar de un privilegio que tiene como propósito el que un legislador tenga un auto digno de su cargo que le facilite ejercer sus funciones. Pero no, les dieron el dedo y se tomaron la mano. Evidentemente, hay un negociado en la introducción de estos vehículos y ahora le corresponde a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría investigar la lesión correspondiente a la evasión de impuesto de importación, el traspaso de las exoneraciones a particulares y el consiguiente pago de comisión a los legisladores, sinvergüenzuras todas características de la clase política corrupta que anida en los tres Organos del Estado.