Hoy por Hoy 2004/01/19

Es evidente que el Ministerio Público no está de acuerdo con la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre la prescripción de las acciones penales en los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente se practicaron durante los años de la dictadura, por lo cual es necesario reabrir los casos y reiniciar las investigaciones hasta darle debido trámite a todos los procesos penales que permanecen inconclusos. Ese es su derecho y como tal debe respetársele. Lo que no puede hacer el Ministerio Público es ignorar que, por disposición constitucional, las decisiones de la Corte son finales, definitivas y obligatorias. Así las cosas, hay que acatar el fallo de la Sala Penal con todas sus consecuencias, ya que no existe recurso legal alguno que permita inhibir sus efectos, ni siquiera instaurándolos a través del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Llegar a una conclusión distinta requeriría eliminar la palabra “suprema” en el nombre de nuestra más alta corte de justicia y de alguna manera atribuirle tal condición al Ministerio Público, lo que sería una aberración inadmisible en un estado de derecho.