Hoy por Hoy 2004/01/18

Hay que lamentar la confrontación inútil entre el procurador, José Antonio Sossa, y la Comisión de la Verdad, porque en nada contribuye al logro de los objetivos de la búsqueda de la verdad ni al fiel cumplimiento de los deberes constitucionales, legales y éticos del Ministerio Público. Por un lado, el presidente de la Comisión, Alberto Almanza, ha hecho lo correcto, dentro de sus limitaciones, que han sido muchas, de exigir que se investiguen los crímenes y desapariciones de la dictadura. Por el otro, como procurador de la Nación, Sossa tiene que acatar sin mayor dilación ni excusas de ningún tipo, la decisión de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Que no olvide que el hacerse de oídos sordos sería una insubordinación y causal de remoción por el único organismo jurídicamente calificado para hacerlo. Situaciones como éstas son las que nutren a la ciudadanía de justificaciones para presumir que en Panamá la justicia es solo una palabra hueca y fútil. O, para ponerlo en palabras del propio procurador en una entrevista periodística: que la justicia no es igual para todos. Nueve años después de su designación como procurador, ya va siendo hora de que comience a ganarse su considerable salario, que le pagamos todos los panameños, de forma honorable. Después de todo, los familiares de las víctimas son ciudadanos como todos los panameños y merecen, en consecuencia, un trato de igualdad, aunque ellos no sean sus amigos.