Hoy por Hoy 2003/12/08

La presentación de ayer del contralor general de la República en un programa especial de TVN despertó justificadas expectativas. Allí, Alvin Weeden Gamboa presentó con vehemencia sus argumentos y dejó claramente establecido que está pendiente de decisión el proceso contencioso administrativo de nulidad de varios actos vinculados a Ports Engineering y a la Autoridad Portuaria Nacional. Desde el 30 de abril de 2002 – según documento de la Contraloría con el título de “Un Caso Para la Historia”-, la demanda está radicada en la Corte Suprema de Justicia, y hasta donde se sabe descansa alegremente en la gaveta de uno de los magistrados. La justicia -queda claro- es muy lenta, aun en casos de notorio interés público. Ultimamente han surgido múltiples incidentes que tienden a complicar las cosas. Ahora resulta que el tema involucra a varios órganos del Estado, y a altas personalidades de la política nacional. Para mayor complicación, la Corte ha tomado algunas decisiones y deja sin resolver otros temas que afectan la posición del fiscal de las finanzas públicas. También es de vital significación que el contralor haya presentado ahora denuncias que estrenan a muy alto nivel la Ley 59 de diciembre de 1999, por la cual se reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones contra la corrupción administrativa. En este caso se habla de enriquecimiento injustificado y se han presentado supuestas pruebas. La justicia debe proceder con prontitud. Si las acusaciones carecen de fundamento, entonces que así se manifieste. Mientras, es inadmisible que se sigan acumulando casos no resueltos.