Hoy por Hoy 2003/10/18

Según la Constitución vigente, el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce el Estado conforme la Constitución lo establece, por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Aunque resulta difícil de creer, ese es el Gobierno que la Constitución establece para Panamá. Pero en realidad la independencia es inexistente y la colaboración, cuando la hay, dista mucho de ser armónica. Para muestra basta un botón: la presidenta de la República le ha aconsejado a los magistrados que guarden silencio, que se callen y no digan nada, refiriéndose a las declaraciones del magistrado Alberto Cigarruista, confirmando que en efecto hubo sobornos en la Asamblea Legislativa y que ello lo sabían el procurador general de la Nación, José A. Sossa, la legisladora Teresa de Arias y el arzobispo de Panamá, Dimas Cedeño. Discrepamos con la presidenta, tanto por la forma en que lo expresa como por el contenido de lo que dice. Un magistrado de la Corte merece respeto y Alberto Cigarruista lo es porque la señora presidenta lo nombró. En cualquier caso, el magistrado Cigarruista hizo lo que le correspondía como ciudadano, como abogado y como funcionario. Le confirmó al país las denuncias que ya se habían hecho y se ofreció a declarar formalmente lo mismo ante el Ministerio Público, quien no parece interesado en aceptar la oferta. Así las cosas, nos parece que la presidenta haría mucho mejor en aplicarse el consejo.