Hoy por Hoy 2003/09/25

La opinión es y debe ser libre, salvo en aquellos casos en que la ley, con el ánimo de tutelar un interés jurídico superior, la tipifique como delito. Así ocurre en situaciones tales como la asociación ilícita para delinquir, la apología del delito, la incitación a que se atente contra la personalidad del Estado o a subvertir el orden público. Todos esos cargos, y algunos otros, pueden y deben fomularse contra las personas que redactaron, imprimieron e hicieron circular las volantes cuyo facsímil publicamos en la plana 2 de la edición correspondiente al periódico de ayer. No hace falta denuncias o especiales habilidades hermenéuticas para interpretar lo que se quiso decir en la volante y el propósito que la anima. Cualquier agente del Ministerio Público lo sabe muy bien, porque se trata de su deber constitucional y legal. Sin duda habrá personas y organismos que aunque compartan objetivos comunes en torno a la Caja de Seguro Social, no estarán de acuerdo con el lenguaje ni con los objetivos que pretende el malhadado documento. Si ello es así, por responsabilidad ciudadana, deberían manifestarlo públicamente, por aquello de “dime con quién andas y te diré quién eres”.