Hoy por Hoy 2003/09/21

El llamado a paro general por parte de un grupo de trabajadores, que parece no haber medido las consecuencias, es un recurso extremo que debiera guardarse como última alternativa y no como primera opción. Se trata de un paro ilegal de connotaciones políticas, como lo ha reconocido el Ministerio de Trabajo; por tanto, no hay obligación de pagar salario y es causal de despido, lo cual es importante que los trabajadores tengan en cuenta. Por otro lado, es evidente que la solución al gran problema por el que atraviesa la Caja del Seguro Social no está en manos de los empresarios. Tampoco pueden ellos decidir quién será el próximo director de la Caja. Esa es una decisión que le corresponde al Gobierno y a la Asamblea Legislativa. Siendo así, mal pudieran los trabajadores pensar que con este paro solucionarán la crisis de la Caja y la restitución de su director separado. Lo que sí podrán lograr es afectar aún más nuestra ya golpeada economía. Si el paro va el próximo martes 23, tanto los trabajadores como los empresarios y el resto de la comunidad pagarán las graves consecuencias económicas y sociales, y por ende, el país, en general, también perderá.