Hoy por Hoy 2003/08/29

En Panamá existe una sobreabundancia de leyes, las cuales muchas veces se yuxtaponen. La aplicación de buena parte de ellas es nula por dejadez, por inoperancia o por falta de autoridad. En el affaire del puente elevado y el más reciente relleno en la cinta costera de la Bahía de Panamá salta a la vista la omisión del MIVI y de su titular, Miguel Cárdenas. Ese Ministerio posee todos los mecanismos legales, técnicos y políticos para dictar pautas y solucionar los dilemas urbanísticos de la ciudad. Cuenta con un Consejo Técnico de Urbanismo, que reúne en una sola instancia a todas las direcciones técnicas de las instituciones públicas con autoridad en la ciudad. Cuenta con el Consejo Nacional de Urbanismo, que comparte las decisiones políticas del MIVI con otras cinco instancias [la Presidencia, el MOP, la ARI, la ANAM y la Dirección de Tránsito]. Una ley orgánica le autoriza a determinar y dirigir la política habitacional y desarrollo urbano y a orientar en ese sentido la política de inversión privada. La incoherencia y la improvisación no habrían aflorado en el caso del puente elevado y el relleno si la autoridad del MIVI hubiese asumido las facultades conferidas por ley.