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El Ministerio de Seguridad Pública, en base a resultados preliminares de un proceso de auditoría, ha detectado que para los años 2013 y 2014 esa entidad pagó un posible sobreprecio de casi 50 millones de dólares en concepto de pólizas de seguro, repotenciación de helicópteros, compra de bombas lacrimógenas y equipos de informática y telecomunicaciones. Para los cínicos, el descubrimiento de posibles sobrecostos en esta institución no sorprende, dado que esta práctica parece haber sido generalizada en el gobierno anterior. Sin embargo, lo triste es que en un tema de Estado y, sobre todo, en asuntos tan delicados, la voracidad y la codicia parecieran no conocer límites. Cuando en medio de una compra o adquisición gubernamental actúan factores distintos a los de calidad y precio, se ponen en riesgo vidas humanas y se comprometen recursos públicos que perfectamente podrían atender otras necesidades urgentes en el país. Lo que empieza a surgir en el Ministerio de Seguridad debe servir de argumento para el cambio inmediato de las normas de contratación pública que eximían a los asuntos de seguridad de los principios de transparencia y de control previo y posterior. Solo de esta forma empezaremos a demostrar que hemos aprendido la lección histórica, que con el patrimonio público no se juega, y que es necesario hacer justicia.