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En su plan de gobierno 2014–2019, el entonces candidato presidencial Juan Carlos Varela se comprometió a que la designación de procuradores y magistrados se realizaría en consulta con la sociedad civil, de forma pública y transparente. Este no ha sido el caso. En este tema Varela se comporta como sus predecesores, escogiendo de forma sorpresiva a este importantísimo funcionario. ¿Por qué actuar así? El mandatario Varela tiene la obligación de diferenciarse de los gobiernos anteriores, no solo por las personas que escoge, sino por los métodos y los procesos que utiliza para la selección de estos altos cargos. La transparencia y la consulta no son requisitos que puedan utilizarse a discreción. Más bien se constituyen en elementos clave de la nueva política y el buen gobierno que aspiramos los panameños. Por otra parte, con su perfil profesional y su experiencia, esperamos de la nueva procuradora la diligencia, la gallardía, la más alta honestidad e integridad en el desarrollo de sus funciones y en el ejercicio del control ético y moral de la función pública, tareas estas que deben ser su mayor prioridad.