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Al atraso que en democracia nos mantiene la deplorable clase política relevada siempre a sí misma en el poder, hay que sumar el drenaje sistemático de recursos económicos por parte de una casta erigida sobre privilegios injustificados dentro del Canal de Panamá. Nadie cuestiona que su personal perciba remuneraciones que compensen su profesionalismo, eficiencia y compromiso, al igual que incentivos por superar las metas establecidas para obtener la máxima rentabilidad posible, sobre todo si ello responde al objetivo de generar cada vez mayores ingresos para el Estado. El país tiene derecho a saber que los beneficios desproporcionados que cubren a un sector de este personal son incrementados de manera periódica mediante presiones sindicales que convierten literalmente al Canal de Panamá y a todos los panameños en su rehén. De allí que cada negociación colectiva sea acompañada de amenazas sobre la seguridad del tránsito marítimo si ellos no ven aumentados sus emolumentos. En el informe que hoy presenta este diario, basado en información solicitada al amparo de la Ley de Transparencia, se constatan las diferencias injustificables que favorecen a quienes llegan a cobrar más de 3 mil dólares por una “asignación”, así no sea a bordo de los buques en tránsito y, en cambio, se les convoque a una reunión sobre temas sindicales o de capacitación, lo que explica que 79 empleados de esta empresa del Estado alcance cada uno ingresos anuales superiores al medio millón de dólares. Tal vez todo esto pase por alto en los Emiratos Árabes, pero en un país cuyo salario básico es de 600 dólares, ciertamente provoca vergüenza.