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Poco a poco, los fiscales que investigan los casos de alto perfil han empezado a romper lo que por muchos años había permanecido invariable: el código del silencio entre los acusados por corrupción y sus cómplices en el sector público y privado para sangrar el erario público. Es la misma práctica, tan conocida entre los privados de libertad, de no decir nada a las autoridades. Tan es así que en las cárceles esto se tiene como un valor y no como una forma de cooperar o tratar de enmendar el daño que se ha cometido. Las declaraciones hechas por imputados en investigaciones por la supuesta comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero, entre otros, contribuyen o aportan suficientes elementos para conocer la película del delito integralmente. Lo que se desentraña son redes sofisticadas en las que participan personajes de todos los niveles de nuestra sociedad. Por ello, vale la pena una vez más dar crédito a los acuerdos de pena y otras herramientas para ayudar a los fiscales en esta lucha tan necesaria, que debe arrojar resultados positivos en el corto y mediano plazo.