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Las sospechas de que la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en Colombia fue beneficiaria de una generosa donación de la empresa Odebrecht es una alerta para todos los políticos. De comprobarse lo que ha sido denunciado en el vecino país, provocará serias afectaciones a la legitimidad del sistema político de la patria de García Márquez. En Panamá, la insistencia de mantener la opacidad de las donaciones no solo es culpa de los partidos políticos, sino del propio Tribunal Electoral, que escogió el camino del silencio en esta materia, cuando tuvo la oportunidad de divulgar esta información amparándose en convenios internacionales. Mientras en la Asamblea Nacional se mantiene estancado el proyecto de reformas electorales, todavía estamos a tiempo de producir los cambios que protejan al país del escarnio de futuros escándalos. Los partidos políticos tienen el deber de realizarse un autoexamen de sus métodos y prácticas para el financiamiento de sus campañas. Es el momento de abandonar la idea de ganar a toda costa y sustituirla por el principio de integridad en toda circunstancia. Al final, en Colombia o en Panamá, la verdad se va a conocer y las consecuencias las sufriremos todos.