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Cuando pensábamos que todo se había visto en la justicia panameña, salta a la luz que un grupo de vecinos de Coco del Mar, que intentaron de forma infructuosa obtener una tutela judicial contra la construcción de un edificio, a fin de proteger un área presuntamente de manglar y mantener su calidad de vida frente a una mole de acero y cemento, son demandados civilmente y denunciados penalmente por la compañía constructora de la torre. Sin duda, los ciudadanos panameños han entendido que tienen que ejercer sus deberes y defender sus derechos, a pesar de las amenazas e intimidaciones. A todas luces, el sentido común indica que se perjudica a toda la sociedad y que si quienes defienden su derecho de propiedad, su seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley dejan de hacerlo, peligra todo el país. El precedente de Coco del Mar es funesto, pero lamentablemente no es el único, ya que acciones similares están siendo aplicadas contra defensores ambientales y activistas ciudadanos. Exijamos nuestros derechos y defendamos a los buenos ciudadanos que han emprendido la lucha pacífica y jurídica para cuidar el bien común.