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El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal presentará a finales de esta semana su evaluación sobre la efectividad de las medidas que Panamá ha tomado para promover la transparencia en materia financiera. Aunque el país ha efectuado importantes cambios a la legislación y a la institucionalidad, la implementación y ejecución de estos mecanismos están muy lejos de ser satisfactorias. Se les han negado los recursos y el capital necesario a las entidades de justicia, a las agencias fiscalizadoras y reguladoras y a todas las demás autoridades dedicadas a garantizar que la integridad sea la norma fundamental en la economía panameña. La calificación de la OCDE no debe tomarnos por sorpresa, sino que debe servir para que en los próximos años de gobierno la administración del presidente Varela se enfoque, estratégicamente, en fortalecer el Estado de derecho y en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal. El que un delito no se haya cometido en Panamá no significa que nuestra jurisdicción deba aceptar fondos sucios. Aplicar esa regla es la gran tarea pendiente.