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La Ley 42 de 2016 viene a llenar un importante vacío en la administración del sistema penitenciario. Con esta norma jurídica se establece la carrera y las reglas bajo las cuales se regirán los custodios de los distintos centros carcelarios que tiene el país. En términos relativos, existe una sobrepoblación de privados de libertad y un nivel de hacinamiento intolerable. En Panamá, los reclusorios son depósitos de seres humanos, en los cuales se mezclan inocentes con culpables, novatos con profesionales, en condiciones medievales en las que predomina la ley del más fuerte, y la indignidad es común, tanto para los detenidos como para sus familiares. Justo ahora que existe este instrumento legal, la sociedad no le puede dar la espalda a esta situación. El país gana en cuanto se establezcan mejores condiciones de vida en las cárceles, y todos los que allí conviven, tanto presos como custodios, sean parte de una nueva cultura para la reinserción social y la esperanza. En ese sentido, la Ley 42 inicia el camino que debimos recorrer hace tiempo, la ruta del pleno respeto a los derechos humanos de todos los panameños.