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El acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia indígena ngäbe buglé, en torno al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, destraba un nudo gordiano que enturbiaba la búsqueda de soluciones para la urgente demanda de energía que el desarrollo actual del país requiere. El conflicto socioambiental generado por este proyecto parecía no resolverse y complicaba en el tiempo una solución justa para todas las partes. El acuerdo, sin ser perfecto, significa un avance del que todos los sectores del país pueden beneficiarse. Además, representa garantías de desarrollo justamente para las regiones más postergadas del país, como lo son las zonas indígenas, que se verán beneficiadas e incluidas en el proyecto. Con una demanda creciente de energía, producto del crecimiento poblacional y de las nuevas infraestructuras públicas y privadas en el país, Panamá necesita claridad para el aprovechamiento eficiente y sostenible de sus recursos, que redunde en beneficios tangibles para toda su población.