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Cuando se aproximaba la elección presidencial de 2014 se aprobó un sustancioso aumento salarial a favor de los educadores, con el fin de atraerlos al campo electoral del gobierno de turno. Ese aumento representa un legado de 600 millones de dólares anuales. La mayoría de los gremios docentes exigen el incremento salarial, sin estar dispuestos a ofrecerle nada a cambio al sistema educativo y sin que se vea un verdadero compromiso con el plan de mejoras, la evaluación profesional permanente, o la transformación curricular. El gran consenso de la sociedad panameña es que hay que invertir más en educación, pero no únicamente para gastar más en sueldos, sino en acciones que mejoren la calidad y pertinencia de la educación. Las aspiraciones de mejoras salariales son legítimas para todos los trabajadores, cualquiera que sea su disciplina. Sin embargo, en el caso de los educadores, esto conlleva un programa de superación con el que los estudiantes puedan recibir un caudal de nuevos conocimientos a través de metodologías de estudio actualizadas. Históricamente, las luchas magisteriales giran solo en torno a asuntos salariales, dejando a un lado la medición de su desempeño y el objeto principal de la educación: el estudiante.