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Hace 14 años, cuando la deuda pública apenas superaba los 8 mil millones de dólares, Panamá aprobó una ley de responsabilidad fiscal con la que se buscaba combatir esa mala práctica nuestra de arroparnos con una cobija que no alcanza. De ahí en adelante han pasado cuatro presidentes y hemos constatado (con una deuda que supera los 20 mil millones de dólares) que aquello de “la responsabilidad fiscal” es un relajo y una burla. En primer lugar, para todos los ciudadanos, que al final son los que tienen que pagar esta falta de disciplina en el manejo de los recursos públicos y, en segundo lugar, para las agencias calificadores de riesgo a las que pretendemos marear. Cada administración, particularmente la de 2009-2014 que gastó y se endeudó a manos llenas, hizo cambios a la ley de responsabilidad fiscal a su antojo. Por ello, la promesa del ministro de Economía y Finanzas de no acometer la enésima reforma a la citada norma, hay que tomarla con mucha cautela. No podemos calcar el ejemplo de Grecia o Puerto Rico. Nosotros no tenemos quién nos rescate. Si seguimos así, dejaremos como herencia a nuestros hijos un futuro hipotecado.