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El proyecto de riego de Tonosí era una idea de poco más de 155 millones de dólares, supuestamente para ayudar a la producción agrícola en el sur de la provincia de Los Santos. Esta iniciativa se volvió un ejemplo de pillaje y corrupción, que sirvió para compensar a miembros del círculo cero del gobierno anterior, y distribuir pagos a una serie de personajes vinculados a ese régimen. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), después de estudiar las distintas opciones referentes al proyecto, encontró que era mejor cancelarlo, dado que lo efectuado por el contratista ni siquiera incluía tierras, servidumbres o un estudio de impacto ambiental aprobado que lo respaldara. El contratista apeló y la lógica indicaba que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas le daría la razón al MIDA. Sin embargo, este tribunal decidió a favor de la empresa, aduciendo que se violó el debido proceso. Los magistrados nunca entraron a conocer el fondo del caso, ni les importó con las decenas de millones de dólares desviados a otros fines. Su jurisprudencia debió ser ejemplar y no una estocada más de impunidad.