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Muy rara vez la Contraloría General de la República audita las declaraciones patrimoniales de los exfuncionarios. El tradicional pacto de impunidad entre los distintos partidos políticos que se turnaban en el poder, garantizaba que estos documentos fueran olvidados. En el caso de la exministra de Trabajo del gobierno anterior, los auditores encontraron muy serias inconsistencias entre los montos y bienes que la funcionaria declaró tanto al inicio como al final de su gestión. De comprobarse lo que afirma la Contraloría, estas revelaciones serían una ventana en el “modus operandi” de la doble moral de quienes nos gobernaron y se aprovecharon de su cargo público. Esta es una razón fundamental para seguir investigando todos los actos de corrupción y así evitar la impunidad favorable a los más grandes ladrones del erario que ha conocido este país. Ahora más que nunca hay que dotar al Ministerio Público de todos los recursos para que culmine las pesquisas necesarias y pueda cumplir plenamente con su trabajo. El mensaje de “aquí no pasa nada” debe ser desmentido con las acciones de todas las autoridades.