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La crisis de seguridad que vive el país no es cosa de juegos. El crecimiento del pandillerismo, el sicariato y la delincuencia común agobia a todos los ciudadanos por igual. La Policía Nacional realiza ingentes esfuerzos por combatir estos delitos, mientras que los fiscales cumplen plenamente su rol, incluso, exponiendo la vida en ambos casos. Por ello, resulta inconcebible que peligrosos delincuentes –que además cuentan con el apoyo, amistad y quién sabe qué más, entre políticos de dudosa reputación– encuentren la llave de su libertad –a pesar de las pruebas que obran en su contra– en fallos que carecen de sustento, caricaturas de sentencias que luego quieren que se cumplan de inmediato, echando por tierra el trabajo de otros que tratan de librarnos de estas amenazas. El Órgano Judicial, en especial su presidente, tiene el deber de corregir estas graves anomalías que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. No puede ser que la justicia se burle de forma tan burda, sin que a nadie le llame la atención. Liberar a criminales es un acto que nos pone en riesgo a todos. Y todo el peso de la ley debería caer contra los responsables de esta traición a la justicia.