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¿Qué contemplaba realmente el Plan Médico Funcional de la Ciudad Hospitalaria? ¿Cuánto costará terminar esta obra y darle mantenimiento? Estos son los cuestionamientos que debían formar parte de la planificación para respaldar un megaproyecto como este. ¿Eran necesarias las ventas de tierras de la Universidad de Panamá para el cumplimiento de sus fines académicos y científicos? La opinión pública ignora los criterios y metas de esta política universitaria, que se ha venido implementando en las últimas décadas. Aquí se evidencia el verdadero trasfondo del debate que nunca se hizo sobre la Ley de Contrataciones Públicas: la ausencia de criterios para usar los fondos de todos los panameños. Faltó exigir la justificación para realizar un proyecto, efectuar un gasto o disponer de un bien propiedad de la nación. Los altos funcionarios actúan como señores medievales, que son dueños de ministerios, universidades o de todo el gobierno con libertad y sin responsabilidad por el despilfarro de la hacienda pública. Esa cultura es la máxima expresión de la corrupción. Lo que esperábamos que empezaría a cambiar a partir de 2014.