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El Órgano Legislativo, por mandato constitucional, ejerce funciones indispensables para garantizar el balance gubernamental del Estado panameño, pero los diputados no parecen estar al tanto de ello, salvo contadas excepciones. Su papel es patético, porque teniendo el poder de fiscalizar, cuestionar y, en especial, de legislar, se conforman con ser el silencioso brazo del Ejecutivo, que ha demostrado controlar la agenda legislativa. Así, todo lo que se les envía de este Órgano, lo aprueban sin mayor trámite. A veces, sin siquiera demostrar la más mínima curiosidad de lo que aprueban. Las cifras no mienten, la mitad de los proyectos presentados en el pleno, son iniciativa del Ejecutivo. Es lamentable reconocer que los supuestos representantes del pueblo se han convertido en un rebaño que no hace otra cosa que obedecer, que esperar instrucciones, aunque lo que le pidan aprobar vaya en contra, no solo de sus electores, sino incluso de sus propios principios. Todo demuestra que han cedido su obligación de legislar. Y aunque esta Asamblea ha sido menos entregada que la del quinquenio anterior, los panameños exigimos un cuerpo legislativo independiente. El día que respeten su cargo recuperarán su dignidad y el respeto de la sociedad.