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El proyecto de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas es posiblemente el asunto más importante de conocimiento de la Asamblea Nacional en este momento. Con todos los casos de corrupción conocidos a la fecha, y las investigaciones internacionales en curso, sería justo esperar que nuestros diputados actuaran responsablemente y debatieran en forma minuciosa cada aspecto de la norma que regulará las nuevas contrataciones de hospitales, escuelas, autopistas, líneas del Metro, y cada una de las necesidades e insumos del Estado y los municipios. Eso sería la forma decente y digna en que el cuerpo político debería respetar cada voto recibido y cada dólar pagado en impuestos por los ciudadanos. En su lugar, sin pena ni gloria, producto del ausentismo legislativo y de la anomia de los partidos políticos, recibiremos una ley mediocre, llena de oportunidades de corrupción y de conflictos de intereses. ¿Acaso es esta la forma de tutelar los bienes del Estado? Nuestra democracia tiene grandes deficiencias, en parte, porque los diputados insisten en exacerbarlas con su indiferencia a las necesidades y esperanzas del pueblo.