hoyporhoy

La licitación de la segunda etapa del proyecto de saneamiento de la bahía fue anulada a fin de permitir que el proceso tenga seis meses más para revisar las especificaciones técnicas y la incorporación de nuevos consorcios a la lista de postores. Este proyecto tiene un costo calculado en $342 millones, por lo que es de suponer que los criterios utilizados por el principal financista de esta obra, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluyen la cautela y el riesgo reputacional que para ellos implicaría que la empresa a la que se le adjudique el contrato estuviese involucrada, por ejemplo, en actos de corrupción de funcionarios u otros delitos. Esa misma cautela y respeto por la imagen del país deberían tener los diputados al momento de aprobar la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Esta reforma es la dorada oportunidad de sanear el sistema en cuanto al manejo de fondos públicos y garantizar que las contrataciones del Estado se hagan en beneficio de las mayorías y no de las chequeras de unos cuantos. El discurso del Gobierno Nacional ha girado en torno a una total transparencia, por lo que, como sociedad, estamos llamados a exigir una ley despojada de privilegios que verdaderamente demuestre que el tiempo de las bribonadas es historia y que la corrupción con la que hemos convivido ya no será tolerada.