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Al debatir la nueva Ley de Contrataciones Públicas, los diputados de la Asamblea Nacional han dejado claro que son indiferentes ante las expresiones de preocupación de la opinión pública, y que los aportes técnicos del procurador de la Administración y de la sociedad civil les parecen irrelevantes. El resultado, al final del primer debate, es que empresas como Odebrecht, y que personajes como su dueño, y otros de igual calaña, han recibido el blindaje para que puedan mantenerse licitando exitosamente en nuestro sistema de compras gubernamental. Esta acción confirma que la visión que tienen los políticos de la cosa pública es que el país y el erario están a disposición del mejor postor, sin importar quién sea. En esta República, los contribuyentes y ciudadanos, atribulados por el despilfarro de los recursos del Estado, además tienen que soportar a una clase política que niega que en Panamá la corrupción es un problema.