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Después de 10 años, y múltiples intentos fallidos de hacer justicia, hoy se intentará, nuevamente, realizar la audiencia por el envenenamiento masivo causado por el dietilenglicol. Panamá mantiene una enorme deuda moral y económica con los sobrevivientes y familiares de aquellos anónimos panameños que murieron por la voracidad de los contratistas dispuestos a todo para ganarse una licitación y la ineptitud de la burocracia insensible de una institución llamada a velar por la salud de sus asociados, la Caja de Seguro Social (CSS). Es una vergüenza que en otros países el caso panameño sea utilizado como experiencia modelo de un error catastrófico en materia de gestión de insumos para la salud pública. Ni la CSS ni el sistema de justicia han sido reformados, a pesar de tres diferentes administraciones, para que semejante canallada no se repita. Aun cuando hoy se realiza, finalmente, la audiencia y en los próximos meses se condene a los culpables de esta atrocidad, jamás se reparará el daño y el sufrimiento causado. Esa es la lección que deben aprender los servidores públicos y los tribunales de justicia. Prohibido olvidar.